Lima, Perú. – En una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República, voceros del Colectivo Marcha del Orgullo, junto a la congresista Susel Paredes, denunciaron públicamente la falta de respuesta de la Municipalidad de Lima (MML) frente a las solicitudes formales para coordinar la realización de la Marcha del Orgullo 2025 en Lima Metropolitana, uno de los eventos ciudadanos más grandes del país.
La rueda de prensa, realizada en el Hall de «Pasos Perdidos» del Congreso, visibilizó una problemática que se repite por segundo año consecutivo: la ausencia de respuestas institucionales y demoras administrativas que ponen en peligro la organización de un evento que congrega a más de 50.000 personas y cuya relevancia va más allá de una celebración, siendo también una manifestación política en defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+.
“Somos ciudadanas y ciudadanos que pagamos impuestos, votamos, y tenemos derecho a manifestarnos en el espacio público”, expresó una de las voceras del colectivo. “La Marcha del Orgullo no solo es una fiesta, es un acto de lucha que lleva más de dos décadas en el Perú.”
Obstáculos burocráticos y silencio institucional
Según denunció Jorge Apolaya, coordinador del Colectivo Marcha del Orgullo, desde septiembre de 2024 se han ingresado hasta seis cartas a la Municipalidad solicitando reuniones para definir la ruta del evento y coordinar el plan de desvíos con las autoridades pertinentes. Hasta la fecha, no han recibido una respuesta formal.
“No tener una ruta clara ni un plan de desvío de calles afecta directamente la seguridad de los asistentes”, señaló Apolaya, quien recalcó que el tránsito limeño exige una logística precisa que solo puede lograrse si existe voluntad de coordinación desde el gobierno local.
La única respuesta oficial, según el comunicado difundido por el colectivo, fue una llamada informal de un funcionario de la Subgerencia de Estudios y Regulación, quien ofreció enviar una propuesta de ruta, la cual nunca llegó. Mientras tanto, los plazos administrativos vencen y, por ley, la falta de respuesta equivale a un rechazo tácito, aplicándose el “silencio negativo”.
Impacto en la planificación y seguridad
Además de impedir la planificación logística, la falta de comunicación por parte de la MML complica acuerdos con entidades claves como los bomberos, seguridad ciudadana y la Policía Nacional, que el año pasado colaboraron profesionalmente en el evento.
“Tenemos que firmar compromisos contractuales, pedir autorización para ambulancias, coordinar con los bomberos. Nada de eso puede hacerse sin una ruta aprobada por la Municipalidad”, denunció una de las voceras del evento.
A ello se suma un nuevo obstáculo: la exclusión de la Plaza San Martín como punto de llegada. Este tradicional espacio de concentración ha sido vetado por la gestión actual del municipio bajo el argumento de ser “zona restringida”, forzando al colectivo a considerar otras rutas como la Av. 28 de Julio o zonas periféricas del Centro de Lima.
Un llamado al diálogo y la transparencia
La congresista Susel Paredes, quien respaldó firmemente al colectivo durante la conferencia, exigió transparencia y cumplimiento de los deberes institucionales por parte de la Municipalidad. “Lo que pedimos no es un favor. Es el cumplimiento del derecho constitucional a la protesta, a la libre expresión y al uso del espacio público”, indicó.
La comunidad LGBTIQ+ y sus aliados esperan una respuesta concreta en la reunión pactada para el día siguiente con funcionarios municipales. De no lograrse acuerdos, la convocatoria masiva prevista para el mes de junio quedaría en la incertidumbre.
“Esperamos que la Municipalidad no reaccione solo por esta conferencia, sino que muestre voluntad real de permitir que esta marcha, que representa la dignidad de miles de personas, se realice con las condiciones que merece”, concluyó Apolaya.
Fuente: Declaraciones en conferencia de prensa – Congreso de la República, 29 de mayo de 2025.
Documento de respaldo: Comunicado oficial del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.
