Lima -Perú.- Con esta contundente denuncia, Lesly Quispe, activista y vocera del colectivo Marcha del Orgullo Lima, visibilizó la violencia simbólica y estructural que enfrentan las personas trans en el Perú.
«Me he visto obligada a entrar al baño de hombres del Congreso de la República, que son víctimas de miramientos e indirectas que dañan nuestra salud emocional como personas trans.»
Lo hizo durante una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República, convocada por los organizadores de la Marcha del Orgullo ante la negativa de la Municipalidad de Lima —liderada por Rafael López Aliaga— de otorgar permisos para la movilización de este año.
Desde septiembre de 2024, han enviado al menos seis comunicaciones a la Gerencia de Movilidad Urbana proponiendo rutas y reuniones, sin respuesta alguna. Esta falta de voluntad pone en riesgo una marcha que cada año congrega a más de 50 mil personas en la capital. Esta omisión institucional se enmarca en un contexto mayor de exclusión.
«Esta ley no solamente nos ocasiona daños mentales, sino también crea estas narrativas de violencia hacia mi comunidad. Incita a cargar con el estigma hacia el rostro de una mujer trans simplemente por asistir a una discoteca y que debería estar en un baño. En Tacna acaban de asesinar nuevamente a una mujer trans, por culpa de estas narrativas violentas de estos grupos conservadores que empiezan a legislar con leyes en base a su ideología.»
Fecha importante
El reciente incidente se da en el marco de una fecha muy importante para la comunidad LGTBIQ+ ya que cada 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Trans, Gays y Bisexuales. Esta conmemoración tiene como origen los crímenes cometidos en 1989 en la ciudad de Tarapoto, donde integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) asesinaron a sangre fría a personas gays y trans en un acto brutal de «limpieza social». Este hecho, y muchos otros ocurridos durante el conflicto armado interno (1980-2000), forman parte de una memoria históricamente negada.
Durante aquellos años, tanto grupos subversivos como fuerzas del orden ejecutaron actos sistemáticos de violencia contra personas LGBTIQ+. Casos como el de Aucayacu en 1986 y el de Pucallpa en 1988 dan cuenta de secuestros, torturas y asesinatos en nombre de una supuesta moral. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documentó algunos de estos casos, aunque reconoce que no hubo una investigación exhaustiva sobre los crímenes motivados por orientación sexual o identidad de género. Organizaciones LGBTIQ+ estiman que hasta 500 personas pudieron ser asesinadas o desaparecidas por este motivo.
Estos crímenes no solo dejaron cuerpos sin nombre. También dejaron heridas sociales profundas: desapariciones sin denuncia por miedo o vergüenza, cuerpos arrojados a ríos, silencio institucional, y una población muchas veces cómplice por omisión.
📉 Ser trans en el Perú: una realidad que duele
La situación de las personas trans en el Perú sigue marcada por la exclusión y la violencia estructural. Según la encuesta nacional «Percepciones y actitudes hacia la población LGBTI 2017» del INEI:
- Solo el 6% de las personas trans termina el colegio.
- La mayoría es expulsada de casa a edades tempranas.
- Tienen serias dificultades para acceder a servicios de salud sin discriminación.
Además, el informe «Transrespect versus Transphobia Worldwide» de Transgender Europe revela que la expectativa de vida de una persona trans en América Latina es de apenas 35 años. Una cifra que, lejos de ser un dato frío, representa la urgencia de una sociedad que debe cambiar.
*Fotografía y video: Josué Valera/ Conexión Vida
