Organizaciones trans buscan reunir 15 mil firmas para presentar demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32331, que impide a las personas trans usar baños públicos de acuerdo a su identidad de género.
Lima – Perú.- Ante la reciente promulgación de la Ley N° 32331 —que obliga a las personas a usar baños públicos según el sexo asignado al nacer—, diversas organizaciones trans y aliadas lanzaron la campaña nacional “Firma para entrar: por el derecho de las personas trans a vivir sin miedo”. Esta iniciativa busca frenar una norma que, lejos de proteger, institucionaliza la exclusión y pone en riesgo la dignidad y seguridad de la población trans en el Perú.
La campaña fue presentada oficialmente este miércoles 26 de junio, en una conferencia de prensa en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), con la presencia de activistas, congresistas, abogados y exautoridades, en una clara muestra de articulación entre sociedad civil y respaldo técnico-jurídico.
«Esta ley solo busca expulsar a la comunidad trans del espacio público. Quieren que regresemos a la marginalidad, a estar escondidas, y eso no lo vamos a permitir».
Farah Zamudio, coordinadora del Comité de Incidencia Política de la Marcha del Orgullo, una de las impulsoras de la campaña.
Una acción ciudadana contra la discriminación legalizada
La meta es reunir al menos 15 mil firmas presenciales en todo el país —triplicando las 5 mil válidas requeridas para sustentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional—. Ya se han desplegado redes de recolección en Iquitos, Piura, La Libertad, Junín, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Tacna, Lima y Callao. Las planillas estarán también disponibles durante las marchas del Orgullo de este fin de semana, especialmente en la movilización central del sábado 28 en Lima.
«Esta es una acción profundamente política y simbólica. Usar un baño no puede ser un motivo de discriminación», expresó Matías Pérez Oyola, representante de la comunidad transmasculina. «Aunque esta ley no me afecta directamente, sí va contra nuestras compañeras mujeres trans, las más humilladas y criminalizadas del país».
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Una ley inconstitucional
Durante la conferencia, se remarcó que esta norma vulnera derechos fundamentales como el acceso al espacio público, la igualdad ante la ley, la libertad personal y el libre desarrollo de la personalidad.
«Esta ley es absurda, es inconstitucional. Vamos a demostrar que no somos una minoría, aunque nos hayan minorado. Somos miles y vamos a llenar esos planillones para decir: existimos y no vamos a retroceder».
Congresista Susel Paredes, quien expresó su apoyo rotundo a la campaña.
Desde el ámbito jurídico, el Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados y la Alianza Pro Bono están brindando soporte para sustentar la demanda ante el Tribunal Constitucional.
Llamado a la acción y a la empatía
La exministra de la Mujer, Diana Miloslavich, destacó que esta campaña no solo defiende derechos individuales, sino que constituye una forma de resistencia democrática frente a un Congreso que viene promoviendo retrocesos sistemáticos en materia de derechos humanos.
«Estamos en un momento crítico. Esta campaña no solo defiende a la comunidad trans, sino que también demuestra que seguimos luchando por la democracia en nuestro país», subrayó.
Por su parte, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, advirtió que el país atraviesa un retroceso alarmante en cuanto a derechos y recordó que los movimientos organizados han sido históricamente quienes han conquistado avances.
«Desde la Coordinadora creemos en el poder de la acción ciudadana. Esta campaña es una forma de decir con claridad: estamos aquí, tenemos derechos, y no vamos a permitir que se nos borre», concluyó.
Una comunidad organizada que no se rinde
La campaña «Firma para entrar» nace desde el hartazgo, pero también desde la esperanza. Es una respuesta a la violencia legalizada y una demostración del poder colectivo. Se espera que en los próximos días las redes de recolección se multipliquen, y con ellas, la voluntad ciudadana de frenar una ley que margina y criminaliza identidades.
