Lima, Perú. – El sábado 28 de julio se llevó a cabo la Marcha del Orgullo en Lima Metropolitana, la movilización reunió a más de 50 mil personas en el centro de la capital para conmemorar la resistencia de la comunidad LGBTIQ+, y como es de costumbre no faltaron los carros alegóricos, el brillo y los colores que representan a la comunidad; sin embargo, representantes de la Marcha del Orgullo y quienes la acompañaron dejaron un claro mensaje «la diversidad no se calla, no se esconde y no retrocede en la defensa de sus derechos».
Este año, la marcha estuvo cargada de símbolos y denuncias. El Ministerio de Salud fue declarado “institución no grata” por segundo año consecutivo, debido a la vigencia del Decreto Supremo 009‑2024‑SA, que incluye diagnósticos patologizantes hacia las identidades trans. Jorge Apolaya, vocero del colectivo, señaló que la medida se mantendría hasta la derogación del decreto y demandó la implementación de la versión actualizada CIE‑11 en los sistemas oficiales.
Durante el recorrido se instalaron mesas de recolección de firmas exigiendo la derogación de dicha norma y la implementación de la CIE‑11, alineada con los estándares de la OMS. Estas firmas serán enviadas al Minsa como respuesta ciudadana organizada, complementada con documentación técnica enviada por instituciones como Promsex y Más Igualdad Perú.
Una marcha que no estuvo libre de tensiones políticas
A tan solo un día de la movilización, vecinos y activistas reportaron la instalación de vallas y cercos metálicos en varias zonas próximas al Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, donde tradicionalmente se dan cita las primeras concentraciones de la marcha. Si bien las autoridades no brindaron una explicación oficial clara, colectivos señalaron que estos cercos dificultaron la instalación de escenarios, toldos informativos y carpas de salud comunitaria, además de entorpecer el desplazamiento del público.
El hecho fue percibido como un intento de “cercar simbólicamente” la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, y varios voceros denunciaron que se trató de una medida deliberada para disuadir o minimizar la expresión pública. “La calle también es nuestra, y cada valla que nos ponen es una forma de decirnos que no tenemos derecho a estar aquí”, declaraciones del colectivo «Marcha del Orgullo de Lima».
Leyes y decretos que amenazan derechos
En los días previos a la marcha, voceros y organizaciones alertaron sobre un conjunto de iniciativas legales y normativas que representan retrocesos peligrosos para los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país:
- La llamada “Ley de Baños”, promovida por congresistas conservadores, propone que el acceso a servicios higiénicos se rija por el sexo asignado al nacer, lo que afectaría directamente a las personas trans y no binarias.
- Finalmente, se denunció la existencia de un proyecto legislativo que criminalizaría expresiones culturales y artísticas consideradas “contrarias a la moral”, afectando directamente a las drag queens, artistas disidentes y eventos vinculados a la comunidad.
Estas amenazas fueron denunciadas durante la marcha con pancartas, discursos, campañas de recolección de firmas y declaraciones públicas. Para los colectivos, estas iniciativas no son hechos aislados, sino parte de una ofensiva más amplia contra la diversidad y los derechos conquistados.
Más que una marcha: una estrategia de incidencia
La movilización no solo fue simbólica. Colectivos como Más Igualdad Perú, Promsex y la Coordinadora Nacional LGBTIQ+ entregaron documentos formales al Congreso y al Minsa, solicitando el cese inmediato de políticas que vulneran derechos. La presencia de congresistas aliadas, como Susel Paredes, reforzó el carácter político de la jornada.
Lo que nos dejó esta marcha es la certeza de que el orgullo también es lucha. En un país donde la institucionalidad aún invisibiliza, posterga o discrimina a las diversidades sexuales y de género, el cuerpo colectivo en las calles sigue siendo la mejor herramienta para exigir cambios.
