Lima, Perú. – El Ministerio de Salud del Perú ha aprobado una modificación a la Guía Técnica Nacional para la atención de la gestante en la Interrupción Voluntaria del Embarazo por Indicación Terapéutica, una norma que regula cómo se aplica el aborto terapéutico en el país. La decisión, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 427-2025/MINSA, ha encendido las alertas de colectivos feministas, expertos en salud pública y organismos de derechos humanos, quienes denuncian que los cambios normativos representan un retroceso histórico en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas.
¿Qué es el aborto terapéutico?
El aborto terapéutico es la interrupción legal del embarazo cuando la vida o la salud de la gestante están en riesgo. A diferencia de otros tipos de aborto, esta modalidad es legal en Perú desde 1924, bajo el artículo 119° del Código Penal. Sin embargo, durante décadas no existió un protocolo que indicara cómo aplicarlo, lo que generaba grandes brechas de acceso y decisiones arbitrarias en los establecimientos de salud.
En 2014, tras años de exigencias de la sociedad civil, el Estado peruano aprobó por primera vez la Guía Técnica Nacional, mediante la Resolución Ministerial N.° 486-2014/MINSA. Esta guía permitió estandarizar el procedimiento en todo el país para gestantes con embarazos menores de 22 semanas, bajo ciertas condiciones médicas y con el consentimiento informado de la paciente. El documento fue considerado un hito para los derechos sexuales y reproductivos, ya que brindó un marco seguro y clínicamente regulado para atender a mujeres en situaciones críticas.
por indicación terapéutica.
¿Qué cambia con la nueva resolución?
La nueva modificación aprobada el 28 de junio de 2025 actualiza esa guía, pero según organizaciones como Promsex, Cladem, Manuela Ramos y colectivos como Sin Tabúes, los cambios implican graves retrocesos:
- Se habrían eliminado causales médicas relacionadas con la salud mental, como el riesgo de suicidio, violencia sexual o trastornos psiquiátricos severos.
- Se limita la interpretación de salud integral, contraviniendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y sentencias internacionales como el caso L.C. vs Perú ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
- Se reduce la claridad sobre el rol de la junta médica interdisciplinaria, lo cual podría generar mayores obstáculos administrativos.
Para muchas activistas, estas modificaciones implican no sólo un vacío técnico, sino una barrera real para el acceso al aborto terapéutico, especialmente en regiones conservadoras donde ya es difícil hacer cumplir la norma.
Organismos internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), han instado reiteradamente al Perú a garantizar el aborto terapéutico sin barreras administrativas ni discriminación, advirtiendo que limitarlo podría violar tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.
Niñas y adolescentes desamparadas
En el Perú, el abuso infantil —especialmente el de índole sexual— se ha convertido en una emergencia silenciosa que amenaza la vida, la salud y los derechos de miles de niñas, niños y adolescentes. Entre enero y septiembre de 2024 se registraron más de 46 mil denuncias de violencia infantil, de las cuales una de cada tres fue por violencia sexual y en muchas de estas situaciones, las víctimas son niñas menores de 14 años que resultan embarazadas producto de violación.
La reciente modificación a la Guía Técnica Nacional por parte del Ministerio de Salud, lejos de ampliar la protección para estas niñas, elimina causales vinculadas a la salud mental, el abuso sexual y embarazos forzados, dificultando aún más el acceso a una atención integral y humanizada.
Esta decisión contradice los compromisos internacionales del Perú y pone en peligro la vida y dignidad de miles de niñas que, en lugar de recibir atención médica y psicológica oportuna, son obligadas a continuar con embarazos que atentan contra su salud física y emocional.
A más de 100 años de haberse reconocido el aborto terapéutico como legal en el Perú, su acceso real sigue en disputa. Esta nueva modificación a la Guía Técnica, lejos de proteger a las mujeres en riesgo, parece responder a una lógica de retroceso, en la que se privilegia la ideología por sobre la evidencia científica y los derechos humanos.
