Lenacapavir fue probado en territorio peruano con resultados exitosos, pero el país quedó fuera del acceso a versiones genéricas por decisión de la farmacéutica Gilead. El costo del tratamiento superaría los 28 mil dólares anuales, mientras persiste una patente que impide su producción local hasta el año 2037.
Lima – Perú.- Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de lenacapavir como profilaxis preexposición (PrEP) para prevenir la transmisión del VIH. Se trata de un tratamiento revolucionario: una inyección que se aplica solo dos veces al año, bajo supervisión médica, y que promete transformar las estrategias de prevención del VIH en todo el mundo.
Los ensayos clínicos mostraron una eficacia cercana al 100% en diversas poblaciones y regiones del mundo, incluyendo América Latina, Asia y África. Los estudios incluyeron a personas cis, trans y de género no binario en países como Estados Unidos, México, Brasil, Sudáfrica, Tailandia y Perú.
Sin embargo, el acceso a este avance médico no será equitativo. Pese a que Perú fue uno de los países donde se realizaron los estudios clínicos, no podrá acceder al medicamento ni producir una versión genérica, debido a la patente exclusiva que Gilead Sciences mantiene hasta el año 2037.
Pero Perú no tiene acceso, a pesar de haber sido parte del estudio
Aunque Perú fue uno de los países donde se probó el medicamento, Gilead Sciences —titular de la patente— no ha otorgado licencias de producción o importación genérica para el país. Esto significa que hasta el año 2037, fecha en que expira la patente, no podrá fabricarse ni adquirirse una versión genérica de lenacapavir a bajo costo.
Según datos recientes, el precio estimado por inyección superaría los 14 mil dólares. Esto implica un costo anual de más de 28 mil dólares por persona para una terapia preventiva completa, una cifra que lo convierte en un tratamiento inaccesible para la mayoría de peruanos.
“14 mil dólares no es poca cosa. Nadie puede costear eso para prevenir el VIH, ni siquiera con el sueldo de la presidenta de la República”
Marlon Castillo, director de la ONG Sí, Da Vida.
Un fármaco eficaz, pero aún lejos de quienes más lo necesitan
El estudio más reciente sobre lenacapavir, publicado este año, mostró que el medicamento es más efectivo que la PrEP oral diaria en la prevención del VIH. Entre mujeres cisgénero en África subsahariana se alcanzó un 100% de eficacia, y en América Latina se reportó hasta un 96% de reducción en infecciones en comparación con personas que no recibieron ningún tipo de tratamiento preventivo.
A pesar de estos resultados, el precio estimado del tratamiento ronda los 20,000 a 28,000 dólares por persona al año, lo que lo convierte en un medicamento prácticamente inaccesible para la mayoría de los sistemas de salud pública de la región.
Un informe técnico presentado durante la 25ª Conferencia Internacional sobre el Sida estimó que el costo de producción de una versión genérica de lenacapavir no supera los 100 dólares anuales, e incluso podría reducirse hasta 40 dólares con fabricación a gran escala.
Sin licencias, sin acceso
Aunque Gilead ha otorgado licencias voluntarias de producción genérica a 120 países de ingresos bajos, Perú fue excluido de este acuerdo, a pesar de haber contribuido con su población al desarrollo del fármaco.
Durante una reunión con organizaciones comunitarias de América Latina, realizada el 2 de junio, Gilead explicó que la participación en los ensayos clínicos no fue un criterio de inclusión en las licencias voluntarias. La empresa tampoco ofreció detalles sobre los precios que podrían aplicarse en países como el Perú, bajo el argumento de que aún están evaluando los procesos regulatorios locales.
Esta política ha sido calificada de opaca, injusta y excluyente por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Más de 100 organizaciones exigen acceso justo
El 9 de junio, el presidente de la ONG Sí, Da Vida, Marlon Castillo, participó en la entrega oficial de una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, firmada por más de 100 organizaciones de América Latina y el Caribe. En el documento se exige al gobierno peruano que tome medidas urgentes para garantizar el acceso equitativo a lenacapavir.
“El Perú tiene la responsabilidad y la oportunidad de liderar un cambio en la región que garantice el derecho a la salud y al acceso a los beneficios del progreso científico”
Señala el pronunciamiento, firmado por entidades como AIS, AHF Perú, INPACVIH, GIVAR y Sí, Da Vida, entre otras.
Entre las demandas clave se incluyen:
El uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, como las licencias obligatorias.
El rechazo a patentes secundarias injustificadas que extienden artificialmente el monopolio.
La facilitación del registro de versiones genéricas y la promoción de su producción regional.
Existe una solución legal: la licencia obligatoria
En su entrevista para Conexión Vida, Castillo explicó que existe un mecanismo legal reconocido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que permitiría al Estado peruano autorizar la producción o importación del lenacapavir genérico sin el consentimiento del titular de la patente, si existen razones de salud pública. Este mecanismo es conocido como licencia obligatoria, y ha sido utilizado con éxito por países como India, Brasil, Tailandia y Sudáfrica para acceder a tratamientos contra VIH, hepatitis y cáncer.
“El Perú puede activar esta licencia obligatoria o incluso negociar una licencia voluntaria con Gilead. No podemos quedarnos de brazos cruzados”
Marlon Castillo.
El lenacapavir representa una innovación crucial en la lucha contra el VIH porque simplifica radicalmente la prevención y el tratamiento del virus. Su formulación inyectable de acción prolongada, administrada solo dos veces al año, permite mantener una alta eficacia sin la necesidad de tomar medicamentos diariamente, lo cual es clave para personas con baja adherencia o en situaciones de alta vulnerabilidad social. Garantizar el acceso a este medicamento no solo mejoraría la calidad de vida de quienes viven con VIH o están en riesgo de adquirirlo, sino que también podría reducir significativamente las nuevas infecciones y aliviar la carga de los sistemas de salud. Negar su acceso por razones económicas o legales perpetúa las desigualdades estructurales en salud pública y pone en riesgo los avances logrados en la respuesta al VIH en países como el Perú.
