En su último mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte aseguró que su gestión ha marcado un antes y un después en el acceso a la salud pública. Con cifras que destacan un mayor número de ambulancias, cirugías y afiliaciones al SIS, el discurso pintó un panorama de avance sostenido. Sin embargo, las brechas históricas y las alertas recientes sobre desabastecimiento de medicamentos en algunas regiones invitan a poner bajo lupa la veracidad, profundidad y sostenibilidad de estos anuncios.
Lima, Perú. – Uno de los anuncios más sonoros fue la entrega de 195 ambulancias a nivel nacional durante 2025, junto con la ejecución de 432 mil cirugías a través del programa MINSA Móvil, que —según el gobierno— habría reducido en un 62% el embalse acumulado de operaciones pendientes.
Aunque estas cifras suenan alentadoras, la falta de información pública desagregada y verificable genera preguntas: ¿en qué regiones se han destinado estas unidades? ¿Qué tipo de cirugías se han priorizado? ¿Se ha mejorado también la calidad y el seguimiento postoperatorio? Sin datos detallados, la promesa de «una salud digna para todos» queda, por ahora, en el terreno del discurso.
Más atenciones, pero con cuestionamientos
La presidenta también aseguró que más de 26 millones de personas están afiliadas al SIS, lo que representaría un aumento de más del 6% desde 2022. Asimismo, indicó que se habrían realizado más de 92 millones de atenciones médicas entre 2023 y 2024, y 30 millones solo en el primer semestre de 2025.
Sin embargo, diversas voces en el sector salud advierten que el número de atenciones no siempre equivale a mayor acceso efectivo. Casos recientes de pacientes que no consiguen citas, largas esperas para procedimientos simples o falta de especialistas siguen afectando a miles de personas en distintas regiones del país. Las cifras podrían inflar una realidad que, en la práctica, sigue enfrentando obstáculos estructurales.
Protección social: avances con alcance limitado
Desde la dimensión social, el gobierno resaltó la expansión del programa Juntos, que actualmente beneficia a más de 718 mil familias con incentivos económicos condicionados al acceso a salud y educación. También se mencionó un enfoque específico para la prevención de la anemia en 50 mil hogares con niñas y niños menores de 3 años, y talleres de autoestima dirigidos a 200 mil adolescentes.
Aunque estas iniciativas son importantes, su impacto real aún está por evaluarse. ¿Cómo se está garantizando la calidad del acompañamiento? ¿Cuál es la cobertura territorial de estas acciones? Son preguntas claves en un país con altos niveles de desigualdad entre regiones urbanas y rurales.
En cuanto a los adultos mayores, el incremento de Pensión 65 a 350 soles bimestrales fue presentado como un avance histórico. No obstante, especialistas en protección social han señalado que el monto sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas, especialmente en contextos de inflación y pobreza extrema.
Finalmente, el presupuesto de 524 millones de soles destinado a comedores populares, ollas comunes y programas de alimentación fue anunciado como parte de una apuesta por la «protección social con rostro humano». Sin embargo, varias organizaciones sociales han denunciado que estos fondos no siempre llegan a tiempo, y que los mecanismos de ejecución son lentos y burocráticos.
El mensaje presidencial incluyó múltiples cifras y promesas que, a primera vista, buscan proyectar un país en ruta hacia una salud más inclusiva y fortalecida. Pero en un contexto donde los reportes de desabastecimiento, la precariedad del personal y la sobrecarga de los servicios siguen presentes, es legítimo preguntarse: ¿qué tanto de este discurso se refleja en la vida cotidiana de quienes acuden a un establecimiento de salud pública?
El reto, más allá de las cifras, está en cumplir con los compromisos, rendir cuentas y garantizar que las promesas no queden solo en papel.
