Como parte de su último mensaje a la nación, la presidente Dina Boluarte dedicó un bloque extenso al sector salud, y dentro de él, subrayó lo que denominó hitos históricos en salud mental y la lucha contra enfermedades como la tuberculosis. Las cifras fueron contundentes, pero como en otras áreas del mensaje presidencial, queda la pregunta: ¿cuánto de lo anunciado representa un impacto real en la población más vulnerable?
Lima, Perú. – Según la mandataria, el Perú cuenta actualmente con 307 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), una cifra que busca ser incrementada a 322 centros en 2026, los cuales —afirmó— beneficiarían a más de 16 millones de personas. No obstante, el discurso no incluyó detalles sobre cómo se mide ese alcance, la cobertura territorial o si los centros cuentan con personal estable, medicamentos esenciales y financiamiento sostenible.
En paralelo, se anunció la implementación del programa Salud Mental en tu Cole en 350 instituciones educativas, con el objetivo de beneficiar a más de 100 mil niñas, niños y adolescentes a través de la intervención de psicólogos SERUMS. En cuanto al sistema hospitalario, Boluarte indicó que actualmente 52 hospitales cuentan con unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, y que existen 11 equipos móviles de salud mental y 6 servicios en establecimientos penitenciarios.
Respuesta en salud a la tuberculosis
Respecto a la tuberculosis, la presidente proyectó que al 2026, el 90% de personas con TBC accederá a pruebas rápidas, y que el 90% de niños y niñas menores de 5 años completará su terapia preventiva. Aunque es una promesa ambiciosa en un país con altas tasas de TBC y TBC resistente, no se brindó información sobre las brechas actuales, ni sobre cómo se resolverán los problemas de desabastecimiento que afectan la continuidad de tratamientos.
Si bien el gobierno ha mostrado voluntad de hablar sobre salud mental y enfermedades transmisibles, los grandes anuncios deben ir acompañados de transparencia, seguimiento ciudadano y evaluación de resultados. Queda por ver si los números ofrecidos por el Ejecutivo se traducirán en mejoras reales en la calidad de vida de la población más afectada por estas condiciones.
