Mientras las cifras del conflicto en Ucrania dominan los titulares globales, otra batalla silenciosa crece dentro de Rusia: la del acceso a tratamientos para el VIH. Un nuevo informe —referido por Carnegie Endowment y medios internacionales— alerta que el aumento desmedido del gasto militar está dejando sin oxígeno a los programas de salud pública, especialmente los dedicados al tratamiento y prevención del VIH.
Desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presupuesto militar ruso ha crecido a niveles históricos. Pero este fortalecimiento bélico ha tenido un alto costo humano para los ciudadanos más vulnerables: se han cerrado al menos 160 hospitales públicos y se han reducido inversiones presupuestarias para servicios esenciales, como las terapias antirretrovirales para personas con VIH.
El propio Ministerio de Salud ruso ha admitido que solo entre el 50% y el 70% de las personas diagnosticadas reciben tratamiento efectivo. Esa cifra, aunque preocupante por sí sola, oculta una realidad aún más grave: las regiones más empobrecidas y las poblaciones más estigmatizadas son las que enfrentan mayor desabastecimiento.
Las regiones siberianas y del Ural concentran algunas de las tasas más altas de VIH y muertes asociadas en toda Rusia. Ciudades como Kemerovo, Irkutsk, Novosibirsk, Tomsk y Krasnoyarsk superan los 140 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que rebasa ampliamente el promedio nacional. Paradójicamente, en estos territorios donde más se necesita intervención, el acceso al tratamiento antirretroviral es más limitado que en centros urbanos como Moscú o San Petersburgo.
El informe destaca un dato que desde que comenzó la guerra, los casos de VIH entre los soldados rusos han aumentado entre 20 y 40 veces. La falta de acceso a preservativos, las violencias sexuales reportadas en zonas de combate y el uso de drogas inyectables entre tropas desplegadas en condiciones extremas son algunos de los factores que explican este salto. Sin embargo, el gobierno ha optado por el silencio, sin reconocer públicamente el impacto de la guerra en la transmisión del VIH, ni en sus filas ni en la población civil.
Cierre de espacios y manos atadas para la sociedad civil
A esto se suma otro golpe: la persecución a organizaciones que históricamente han hecho prevención. En abril de 2025, Rusia prohibió la operación de la Fundación Elton John AIDS Foundation por ser considerada una organización “indeseable”. Con ello, decenas de proyectos de educación sexual, prevención entre jóvenes y apoyo a personas LGBTI+ quedaron paralizados de un día para otro.
Organismos internacionales como ONUSIDA han advertido que estas medidas van en contra de toda evidencia científica y de los compromisos que Rusia ha firmado en tratados de derechos humanos.
Cada año, cerca de 30.000 personas mueren por causas relacionadas al sida en Rusia, según estimaciones del propio jefe del Centro Federal de Prevención del VIH/sida, Vadim Pokrovsky. Esta alarmante cifra revela no solo la magnitud de la epidemia en el país, sino también la fragilidad del sistema de atención que, lejos de mejorar, se ha visto presionado por la crisis económica y el desvío de fondos hacia el aparato militar.
La guerra ha dejado muchas víctimas visibles, pero también está dejando otras, invisibles, que no aparecen en los partes oficiales: personas que viven con VIH y que, sin balas ni explosiones, enfrentan una condena silenciosa.
