La trata de personas sigue siendo un delito devastador en el Perú, pero continúa sin recursos suficientes ni rendición de cuentas.
Lima -Perú.- Desde 2020, el Ministerio Público ha registrado más de 13,600 víctimas —casi seis personas cada día—; sin embargo, en 2024 el Estado apenas devengó 2,6 millones de soles para combatir este crimen.
El monto equivale a S/ 0,076 por persona al año, es decir, el 0,001 % del Presupuesto General de la República. Una cifra mínima si se compara, por ejemplo, con el presupuesto del Congreso, que en la última década creció hasta S/ 1,400 millones y que solo para el seguro médico de sus miembros prevé S/ 9,5 millones en 2025.
“Esta cifra refleja la escasa prioridad que el Estado le da a un delito que afecta sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, advirtió Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.
Valdés precisó que el presupuesto de apertura para enfrentar la trata en 2024 fue de 21,8 millones de soles, luego reducido a 11 millones y, finalmente, solo se ejecutaron 2,6 millones. Además, de los 42 servicios contemplados en la Política Nacional contra la Trata de Personas, apenas 12 contaron con financiamiento específico.
“La consecuencia es un Ministerio Público que no llega a fin de mes para cubrir sus operaciones, una Policía sin recursos para reparar sus vehículos y albergues sin fondos suficientes para atender a las víctimas”, enfatizó.
Una ley que no se cumple
Desde 2019, la Ley 30925 obliga al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a implementar un programa presupuestal multisectorial para atender la Política Nacional contra la Trata de Personas, en coordinación con el Ministerio del Interior. El plazo legal era de 180 días, pero ya han pasado más de 2,300 sin avances.
“No estamos frente a una cuestión menor, se trata de una obligación de ley que no se cumple y que deja en abandono a miles de personas”, puntualizó Valdés.
Sin rendición de cuentas
Otro problema es la falta de transparencia. Desde 2017, el Ejecutivo no informa ante el Pleno del Congreso sobre la implementación de la Política Nacional. En 2024, incluso redujo esta obligación, limitando el reporte a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Familia del Parlamento.
“La trata de personas se ha transformado y hoy ya no actúa sola; opera en sinergia con otros delitos que atentan contra la dignidad, en el marco de la transnacionalización del crimen organizado. En ese nuevo escenario la rendición de cuentas es urgente para conocer cómo está respondiendo el Estado ante el nuevo panorama del delito”, señaló Valdés.
En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre, CHS Alternativo remarcó la necesidad de reformular la Política Nacional frente a la Trata al 2030, con un enfoque sistémico que incluya la creación de fiscalías, policía y juzgados especializados, y que cuente con financiamiento sostenido.
Fuente: CHS Alternativo
