El proyecto actualiza el marco normativo tras más de 20 años, incluyendo las nuevas estrategias de prevención combinada como la PrEP (Profilaxis Pre Exposición), diagnóstico oportuno, atención integral, participación comunitaria y sostenibilidad financiera como pilares de la nueva respuesta.
Lima, Perú. – El Congreso recibió la presentación de un proyecto de ley que propone una nueva Ley de Respuesta Nacional frente al VIH, enfermedad avanzada por VIH, ITS y hepatitis virales, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente tras más de dos décadas sin modificaciones. La iniciativa plantea derogar la Ley 26626 de 1996 y su modificatoria, la Ley 28243 de 2004, para sustituirlas por una normativa alineada a los avances científicos, biomédicos y de derechos humanos que hoy orientan la respuesta global frente al VIH.
El proyecto de ley fue presentado por la congresista Susel Paredes, quien propone modernizar por completo la normativa que regula la respuesta nacional frente al VIH en el Perú. De acuerdo con la exposición de motivos, el texto fue elaborado con aportes de organizaciones de la sociedad civil organizada, especialmente de colectivos y redes vinculadas a la respuesta al VIH, poblaciones clave y defensa de derechos humanos. Estas contribuciones se integraron en el documento como parte del enfoque de participación comunitaria que el proyecto plantea fortalecer a nivel normativo.
La propuesta argumenta que la legislación vigente ya no refleja la realidad epidemiológica ni los cambios tecnológicos y sociales de los últimos 20 años. Entre las brechas identificadas se encuentran el diagnóstico tardío, la alta concentración de casos en poblaciones clave, las desigualdades territoriales, y la persistencia del estigma y la discriminación en distintos ámbitos. Asimismo, el documento señala que el Perú mantiene un crecimiento sostenido en los nuevos diagnósticos de VIH, con mayor incidencia en jóvenes de 20 a 34 años y en regiones urbanas y de selva.
El proyecto también advierte que el marco legal actual no incluye herramientas contemporáneas de salud pública, como la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), el principio Indetectable = Intransmisible (I=I), el testeo comunitario ni los mecanismos de financiamiento y rectoría multisectorial necesarios para garantizar sostenibilidad. Finalmente, resalta que la propuesta busca alinear la normativa nacional con compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices de ONUSIDA.
Alcances de la propuesta desde un enfoque de derechos y rectoría estatal
El proyecto de nueva ley plantea una reorganización integral de la respuesta nacional frente al VIH desde un enfoque de derechos humanos, equidad e interseccionalidad. Según el texto presentado, la iniciativa busca fortalecer la rectoría del Estado para garantizar que la prevención, el diagnóstico temprano, la atención integral, el tratamiento antirretroviral y la protección social funcionen de manera coordinada entre todos los sectores del aparato público.
La propuesta establece que el Ministerio de Salud (MINSA) asume plenamente la rectoría multisectorial de la respuesta, con la responsabilidad de formular, dirigir, coordinar y supervisar la política nacional relacionada con el VIH, ITS, hepatitis virales y enfermedad avanzada por VIH. Para reforzar esta conducción, el proyecto crea una Comisión Nacional adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), concebida como un espacio de articulación entre el Estado, las sociedades científicas y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la respuesta.
El documento señala que todos los sectores—entre ellos MINEDU, MIDIS, MIMP, Cultura, Justicia, Trabajo, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, así como los gobiernos regionales y locales—deben incorporar lineamientos específicos sobre VIH en sus políticas, planes y presupuestos. Esta exigencia se sustenta en la necesidad de una respuesta multisectorial y basada en determinantes sociales, donde la educación, la protección social, la inclusión laboral, los derechos de las mujeres, la interculturalidad y la movilidad humana son componentes esenciales.
Desde el enfoque de derechos, la propuesta amplía obligaciones estatales relacionadas con la igualdad, la no discriminación, la salud mental, el consentimiento informado, la confidencialidad del diagnóstico y la protección de poblaciones históricamente vulneradas, incluyendo a personas LGBTIQ+, pueblos indígenas, población privada de libertad, migrantes, adolescentes, mujeres y personas mayores. También sostiene la obligación de garantizar equidad territorial, señalando que las brechas en regiones amazónicas, comunidades rurales e indígenas requieren una respuesta diferenciada y culturalmente pertinente.
Asegurar sostenibilidad de la respuesta al VIH
La iniciativa incorpora la sostenibilidad financiera como un principio clave. Para ello, establece que el presupuesto destinado a prevención, diagnóstico y tratamiento debe ser intocable, y que los sectores responsables deben asignar recursos específicos y sostenidos, incluyendo mecanismos para la contratación social u oferta comunitaria, que permitirían a organizaciones comunitarias brindar servicios complementarios dentro de la respuesta nacional.
Asimismo, la propuesta fortalece las obligaciones del Estado en materia de investigación, vigilancia epidemiológica y producción de evidencia, señalando que estas funciones son esenciales para orientar las políticas públicas y ajustar la respuesta a las dinámicas de la epidemia. También establece la necesidad de sistemas de información integrados y reportes periódicos que aseguren transparencia y participación ciudadana.
Uno de los elementos centrales es la formalización de la participación comunitaria a través de espacios vinculantes, reconociendo que redes de personas que viven con VIH, consejeros pares y organizaciones de base cumplen un rol fundamental en prevención, acompañamiento y reducción del estigma. La ley propone que estos actores participen en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, avanzando hacia un modelo más democrático y centrado en las personas.
La propuesta legislativa representa un esfuerzo por actualizar la respuesta nacional frente al VIH después de más de dos décadas, incorporando un enfoque de derechos y mecanismos de sostenibilidad. El proyecto busca enfrentar brechas persistentes como el diagnóstico tardío, las desigualdades territoriales y el estigma. Ahora deberá continuar su trámite en el Congreso para su revisión y debate.
Fuentes consultadas
- Proyecto de Ley: Expediente 2021-13202 – Portal del Congreso de la República del Perú.
