La interrupción del tratamiento para el VIH vuelve a evidenciar una crisis persistente en el sistema de salud. En Iquitos, al menos 314 personas enfrentan falta de medicamentos esenciales, una situación que se repite en distintas regiones del país.
Iquitos.- El desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales continúa siendo una problemática constante en el país. En Loreto, la situación alcanza niveles críticos: 314 personas que viven con VIH se encuentran en riesgo debido a la falta de tratamiento continuo en el Hospital III de EsSalud de Iquitos.
De este total, al menos 30 personas no cuentan actualmente con acceso a ninguno de los medicamentos esenciales para el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TAR), lo que compromete seriamente su salud y pone en riesgo su vida.
Este escenario no es un hecho aislado. En los últimos años, distintas regiones del país han reportado interrupciones en la entrega de antirretrovirales, evidenciando fallas estructurales en la planificación, adquisición y distribución de medicamentos para el VIH.
En Loreto, la problemática se agrava por las barreras geográficas y logísticas que enfrentan las personas provenientes de zonas rurales y comunidades nativas, quienes reciben tratamiento para periodos prolongados ante la dificultad de desplazamiento. La falta de abastecimiento oportuno expone a estas personas a mayores riesgos y profundiza las desigualdades en el acceso a la salud.
Especialistas en salud pública advierten que la interrupción del tratamiento antirretroviral puede provocar el desarrollo de resistencias a los medicamentos, la aparición de infecciones oportunistas y un retroceso en los avances logrados en la respuesta al VIH en el país.
Aunque EsSalud ha informado que cuenta con presupuesto para atender el desabastecimiento, la recurrencia de estos hechos vuelve a poner en cuestión la capacidad del sistema para garantizar el acceso oportuno, continuo y suficiente a medicamentos esenciales, un derecho fundamental de las personas que viven con VIH.
Organizaciones de la sociedad civil han reiterado que el acceso al tratamiento no puede depender de medidas de emergencia ni de coordinaciones temporales. Se trata de una obligación permanente del Estado, cuya falta de cumplimiento se ha convertido, lamentablemente, en una constante en diversas regiones del país.