Iquitos, Loreto. Al menos 25 organizaciones de la sociedad civil y comunitaria vinculadas a la defensa del derecho a la salud, expresaron su profunda preocupación ante el desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH en el Hospital de EsSalud de Iquitos, región Loreto.
Mediante un pronunciamiento público, las organizaciones firmantes advirtieron que la falta de medicamentos como Tenofovir Disoproxil Fumarato, Lamivudina y Dolutegravir estaría afectando al menos a 300 personas que viven con VIH, quienes no estarían recibiendo su tratamiento de manera oportuna y continua.
De acuerdo con el comunicado, esta situación no solo pone en riesgo la salud y la vida de las personas usuarias, sino que también compromete su adherencia terapéutica, un elemento clave para evitar complicaciones clínicas, progresión de la enfermedad y posibles fallas en el tratamiento.
Riesgo para la salud y vulneración de derechos
Las organizaciones señalaron que el desabastecimiento representa una grave vulneración de derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por compromisos asumidos por el Estado peruano. Asimismo, recordaron que existen sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan el acceso a tratamientos continuos como parte del derecho a la salud y a la vida.
«El pronunciamiento remarca que el impacto de esta situación es aún más preocupante en una región como Loreto, donde persisten brechas estructurales en el acceso a servicios de salud, lo que incrementa la vulnerabilidad de las personas con diagnóstico de VIH», dijo Silvia Barbarán, líder del movimiento de personas con VIH en la región Loreto.
Exigen intervención urgente de EsSalud y autoridades competentes
Ante este escenario, las organizaciones exigieron a EsSalud y a las autoridades competentes una respuesta inmediata y efectiva. Entre las demandas principales destacan:
El abastecimiento inmediato y sostenido de medicamentos antirretrovirales para todas las personas usuarias.
La implementación de medidas efectivas que eviten que el desabastecimiento se repita.
La entrega de información clara y transparente a las personas afectadas sobre las acciones correctivas.
La intervención de entidades fiscalizadoras y defensoras como la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.
La salud no puede esperar
El pronunciamiento cierra con un llamado contundente: “La salud no puede esperar. El acceso al tratamiento para el VIH es un derecho humano y una obligación del Estado”.
Las organizaciones firmantes señalaron que continuarán vigilantes ante la respuesta institucional y reiteraron que el acceso al tratamiento antirretroviral no puede estar sujeto a retrasos administrativos ni fallas en la cadena de abastecimiento, debido a las graves consecuencias que esto puede generar en la salud pública y en la vida de cientos de personas.
