Lima, Perú.-En su primer Mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori presentó las prioridades de su gobierno centradas en la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la infraestructura y la reforma del Estado. Sin embargo, uno de los sectores más golpeados por la crisis nacional recibió una atención mínima: la salud.
A lo largo de las 14 páginas del discurso presidencial, la palabra «salud» fue mencionada únicamente tres veces. La primera, para reconocer que el país recibe «un sistema de salud que llega tarde, o que nunca llega»; la segunda, al referirse a la protección integral de los adultos mayores; y la tercera, dentro del anuncio de inversiones en infraestructura social, incluyendo establecimientos de salud. No hubo anuncios específicos sobre el fortalecimiento del Ministerio de Salud, el abastecimiento de medicamentos, la reducción de las listas de espera, la atención del VIH, la tuberculosis, el cáncer o las enfermedades raras.
Esta escasa presencia del tema resulta particularmente llamativa considerando que el sistema sanitario atraviesa una de sus etapas más complejas. El desabastecimiento de medicamentos esenciales, hospitales con infraestructura deficiente, déficit de especialistas, demora en cirugías y consultas, así como dificultades para garantizar tratamientos continuos a personas que viven con VIH y otras enfermedades crónicas, constituyen problemas que afectan diariamente a millones de peruanos.
Un empresario al frente del Ministerio de Salud
La preocupación aumenta tras la designación de Luis Dyer Fernández como nuevo ministro de Salud. Su trayectoria pública y profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito empresarial, especialmente en el sector agroindustrial. Es egresado de Negocios Internacionales y ha ocupado cargos de representación empresarial y política, incluyendo responsabilidades como jefe de personeros durante campañas electorales. Sin embargo, no registra experiencia en la gestión del sistema nacional de salud, salud pública, epidemiología, administración hospitalaria o políticas sanitarias.
El nombramiento abre interrogantes sobre la conducción técnica del sector en un contexto que demanda decisiones especializadas y conocimiento profundo del funcionamiento del sistema sanitario peruano.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas de salud requieren liderazgos capaces de enfrentar crisis complejas, coordinar con gobiernos regionales, organismos internacionales, colegios profesionales, sociedades científicas y organizaciones de pacientes. La administración del sector difícilmente puede reducirse a criterios de gestión empresarial cuando están en juego políticas públicas que impactan directamente en la vida de millones de personas.
Más que hospitales, se necesita una política sanitaria
Si bien el discurso presidencial plantea inversiones en infraestructura, la construcción de establecimientos por sí sola no resuelve los problemas estructurales del sistema. La verdadera transformación requiere asegurar presupuesto sostenible, recursos humanos suficientes, abastecimiento continuo de medicamentos, fortalecimiento del primer nivel de atención, prevención, vigilancia epidemiológica y políticas públicas sustentadas en evidencia científica.
La ausencia de anuncios concretos sobre estos temas deja dudas sobre cuál será realmente la prioridad que tendrá la salud durante los próximos cinco años.
Vigilancia ciudadana
Desde la sociedad civil, organizaciones que trabajan por el derecho a la salud han manifestado que realizarán un seguimiento permanente a la gestión del nuevo ministro y al cumplimiento de los compromisos del Gobierno.
En un país donde el acceso oportuno a medicamentos continúa siendo una demanda cotidiana y donde miles de pacientes dependen de tratamientos continuos para preservar su vida, la conducción del Ministerio de Salud exige liderazgo técnico, experiencia y decisiones basadas en evidencia.
La salud pública no puede quedar relegada a un segundo plano. La gestión del nuevo gobierno será evaluada no por sus discursos, sino por su capacidad para garantizar que ningún peruano vea vulnerado su derecho a recibir atención oportuna, medicamentos disponibles y servicios de salud de calidad.
