El congresista de Renovación Popular difundió en X información que permitió identificar a una mujer atendida en un hospital de Abancay. Organizaciones y especialistas cuestionaron una posible vulneración de su privacidad y confidencialidad médica.
Lima, Perú.- El congresista de Renovación Popular Christian Aranda es cuestionado por haber difundido en su cuenta de X información relacionada con una paciente que habría solicitado un aborto terapéutico en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay.
Aunque la publicación fue eliminada posteriormente, el periodista Cristian Rebosio conservó una captura del documento y señaló que la versión difundida inicialmente por el parlamentario permitía identificar a la paciente.
El caso generó cuestionamientos de abogadas, organizaciones de derechos y representantes políticos, debido a que la información relacionada con la atención médica de una persona está protegida por normas de confidencialidad.
¿Qué información solicitó el congresista?
Aranda señaló que su despacho recibió una denuncia sobre una intervención programada para una mujer con 20 semanas de gestación y afirmó que buscaba ejercer su función de fiscalización.
En un oficio dirigido al hospital, solicitó información sobre la evaluación médica, diagnóstico, exámenes, informes y criterios utilizados para determinar la procedencia del procedimiento.
También pidió detalles sobre la junta médica, sus integrantes, la orientación brindada a la paciente, el consentimiento informado y el registro de las actuaciones realizadas en la historia clínica.
El congresista sostuvo que su objetivo era verificar que cualquier intervención se realizara conforme a la legislación y los protocolos sanitarios.
Sin embargo, especialistas y organizaciones cuestionaron que el ejercicio de la fiscalización parlamentaria pueda utilizarse para acceder a información médica protegida.
Cuestionan posible vulneración de la confidencialidad
Brenda Álvarez, directora de Proyecta Igualdad, señaló que la fiscalización parlamentaria tiene límites y no habilita a un congresista a acceder a una historia clínica sin autorización de su titular.
La especialista explicó que los establecimientos de salud deben proteger la intimidad y el secreto médico, incluso frente a solicitudes de información provenientes del Congreso.
También cuestionó cómo llegó al despacho parlamentario la información que permitió identificar a la paciente y advirtió que eliminar posteriormente una publicación no elimina una eventual exposición previa de datos personales.
Desde esta perspectiva, el caso no solo plantea preguntas sobre la actuación del congresista, sino también sobre los mecanismos utilizados para proteger la información de una paciente dentro del sistema de salud.
Organizaciones advierten sobre presión en decisiones médicas
La organización Las Tejedoras también rechazó lo que considera una intromisión política en decisiones que corresponden al ámbito médico y una posible vulneración de la confidencialidad.
La organización sostuvo que ninguna autoridad debería utilizar su posición para exponer a una paciente, cuestionar públicamente una decisión médica o generar presión sobre profesionales de salud.
Además, alertó que convertir situaciones médicas individuales en conflictos políticos puede afectar la autonomía del personal sanitario y generar temor entre quienes recurren a servicios de salud sexual y reproductiva.
También hubo cuestionamientos desde el Congreso
La congresista Ruth Luque cuestionó la actuación de su colega y señaló que la fiscalización parlamentaria no debe convertirse en un mecanismo de presión sobre profesionales de salud ni en un juicio anticipado sobre la situación médica de una mujer.
Luque sostuvo que las intervenciones relacionadas con la salud y la vida reproductiva deben abordarse respetando la Constitución, los protocolos médicos y los derechos fundamentales.
¿Qué plantea este caso?
Más allá de la controversia política, el caso vuelve a poner en discusión un aspecto central de la atención sanitaria: la confidencialidad de la información médica.
Una persona que acude a un establecimiento de salud debe poder confiar en que sus datos, diagnóstico, historia clínica y decisiones relacionadas con su atención serán tratados con reserva.
La discusión también plantea hasta dónde puede llegar la fiscalización de las autoridades cuando involucra información médica individual y decisiones que corresponden a profesionales de salud y pacientes.
Para las organizaciones que han cuestionado el caso, proteger la privacidad no significa impedir la fiscalización, sino establecer límites claros para que esta no termine exponiendo a personas ni afectando sus derechos.
El caso continúa generando cuestionamientos mientras se debate la responsabilidad por la difusión de los datos y los límites de la fiscalización parlamentaria frente a información protegida por la confidencialidad médica.
