El caso denunciado en el Liceo Naval Almirante Guise ocurre mientras el país aplica nuevos lineamientos de educación sexual y enfrenta una problemática persistente de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Lima, Perú.- La denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, puso nuevamente la atención sobre la prevención de la violencia sexual en los espacios educativos.
La familia del adolescente presentó la denuncia y ocho estudiantes de quinto de secundaria fueron trasladados a una dependencia policial mientras continúan las diligencias. El caso es investigado por las autoridades y, hasta el momento, corresponde hablar de una presunta agresión, sin anticipar responsabilidades.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente, mientras que el Ministerio de Educación activó el protocolo correspondiente para atender situaciones de violencia que afectan la convivencia y la protección de estudiantes.
El Liceo Naval, por su parte, señaló que viene coordinando con las autoridades y que aplicará las medidas disciplinarias correspondientes si se determinan responsabilidades.
Pero el caso también plantea una pregunta más amplia: ¿qué papel tiene la educación sexual en la prevención de la violencia y en la protección de niñas, niños y adolescentes?
Educación sexual: más allá de hablar de relaciones sexuales
La educación sexual en las escuelas comprende contenidos relacionados con el conocimiento y cuidado del cuerpo, la prevención de riesgos, el respeto, las relaciones interpersonales y la protección frente a situaciones de violencia.
El propio Ministerio de Educación reconoce que entre los problemas que afectan el bienestar y la trayectoria educativa de estudiantes se encuentran la violencia sexual, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, el acoso, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y la violencia en las relaciones de pareja.
Por ello, hablar de educación sexual en el ámbito escolar no se limita a explicar aspectos biológicos. También implica proporcionar herramientas para reconocer situaciones que vulneran derechos, identificar riesgos y conocer dónde pedir ayuda.
Esto adquiere especial importancia cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, quienes necesitan información adecuada a su edad y mecanismos de protección que funcionen dentro y fuera de la escuela.
Perú cambió los lineamientos de educación sexual en 2026
En mayo de 2026, el Ministerio de Educación aprobó la Resolución Viceministerial N.° 085-2026-MINEDU, que establece los “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética”.
La norma se emitió en cumplimiento de la Ley N.° 32535, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobada a fines de 2025. El nuevo documento dejó sin efecto los anteriores lineamientos específicos de Educación Sexual Integral aprobados mediante la RVM N.° 169-2021-MINEDU.
Los nuevos lineamientos plantean que la educación sexual debe abordar, entre otros aspectos, el desarrollo humano, el cuidado del cuerpo, la prevención de infecciones de transmisión sexual, el embarazo adolescente, la violencia sexual y otros problemas que afectan el bienestar de los estudiantes.
Además, establecen responsabilidades para las direcciones regionales, las UGEL y las instituciones educativas, incluyendo la planificación de actividades, el seguimiento de su implementación y la coordinación con redes de salud, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.
El cambio normativo ha generado posiciones distintas en el debate público. Mientras sus promotores destacan el énfasis científico, biológico, ético y familiar de la nueva propuesta, organizaciones académicas y de derechos humanos han cuestionado la sustitución del enfoque anterior y han advertido sobre sus posibles efectos en las políticas de prevención y protección.
¿Qué puede aportar la educación sexual frente a la violencia?
La educación sexual no sustituye las investigaciones policiales, la justicia ni los protocolos de protección. Tampoco permite explicar por sí sola por qué ocurre una agresión sexual.
Sin embargo, forma parte de un conjunto más amplio de herramientas de prevención.
Una educación adecuada puede ayudar a que niñas, niños y adolescentes conozcan su cuerpo, identifiquen conductas que vulneran sus derechos, comprendan conceptos relacionados con consentimiento y límites personales y sepan a qué personas o servicios recurrir cuando enfrentan una situación de violencia.
También permite abordar la prevención de embarazos no planificados y de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, dentro de una estrategia de salud pública.
El reto está en que esa información sea adecuada para la edad, basada en evidencia y acompañada por mecanismos efectivos de protección y atención.
Condorcanqui muestra la dimensión del problema
El debate adquiere una dimensión todavía mayor en regiones donde la violencia sexual contra niñas y adolescentes ha sido denunciada durante años.
En marzo de 2026, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos expresó su preocupación por la protección de niñas en el Perú y señaló que había recibido información sobre más de 800 casos de abuso sexual infantil en la provincia de Condorcanqui, particularmente contra niñas del pueblo Awajún.
En septiembre, una misión del MESECVI recorrió la provincia para conocer la respuesta estatal frente a las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes awajún y wampis. El análisis publicado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP señaló que la problemática involucra dimensiones judiciales, sanitarias, educativas e interculturales.
La situación también ha expuesto barreras para acceder a servicios de justicia y protección. Un análisis del IDEHPUCP reportó, por ejemplo, dificultades relacionadas con la disponibilidad de Cámara Gesell, medicina legal, servicios permanentes del Centro Emergencia Mujer y transporte para las diligencias en determinadas zonas de Condorcanqui.
Por eso, en estos territorios la discusión sobre educación sexual no puede separarse del acceso efectivo a salud, justicia, protección infantil y educación.
Las recomendaciones internacionales apuntan a una respuesta integral
El MESECVI ha expresado preocupación por las barreras que enfrentan niñas víctimas de violencia sexual para acceder a justicia y protección en el Perú. Entre los asuntos señalados se encuentran la atención especializada y la necesidad de evitar la exposición pública de niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados.
Esto coloca la prevención dentro de una cadena más amplia: información adecuada, detección temprana, atención médica y psicológica, protección frente a represalias, acceso a justicia y continuidad educativa.
En el caso de las comunidades indígenas, además, la respuesta requiere incorporar una perspectiva intercultural que permita garantizar la atención en las lenguas y condiciones necesarias para que las víctimas puedan ejercer sus derechos.
Una discusión que va más allá de un solo colegio
La investigación por la denuncia presentada en el Liceo Naval deberá determinar qué ocurrió, quiénes participaron y qué responsabilidades corresponden. Mientras eso ocurre, el caso también vuelve visible una discusión que atraviesa al sistema educativo peruano: cómo prevenir la violencia sexual y garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban información y protección efectiva.
La educación sexual es solo una parte de esa respuesta. La otra está en que las instituciones educativas, los servicios de salud, las autoridades de protección y el sistema de justicia respondan de manera oportuna cuando una situación de violencia es detectada o denunciada.
En un país que acaba de modificar sus lineamientos de educación sexual y que continúa enfrentando denuncias graves de violencia contra menores, el desafío no termina en definir qué contenidos se enseñan. También está en garantizar que esa educación contribuya a que estudiantes puedan reconocer riesgos, pedir ayuda y ejercer sus derechos, mientras el Estado asegura que esa ayuda realmente esté disponible.
