El Congreso instaló un grupo parlamentario para supervisar la respuesta del Estado ante las denuncias que afectan a niñas, niños y adolescentes Awajún y Wampis, mientras nuevos informes advierten que las brechas de protección persisten.
La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Condorcanqui vuelve a estar bajo seguimiento del Congreso. Este jueves 18 de septiembre se instaló un grupo de trabajo encargado de revisar la situación de las víctimas de los casos denunciados en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, y de hacer seguimiento a las acciones de las instituciones responsables de su protección.
La coordinación estará a cargo de la diputada Pilar Sulca Castillo, quien fue elegida por unanimidad. Según informó el Congreso, el grupo deberá revisar los avances de los casos, identificar las medidas que siguen pendientes y conocer las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a justicia y protección.
El espacio funcionará dentro de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Entre sus tareas estará la elaboración de un plan de trabajo para conocer el estado de las investigaciones y las medidas adoptadas por las entidades competentes.
Un problema que no empezó este año
La creación de este grupo ocurre en un contexto que ya ha sido documentado por organismos públicos y organizaciones de derechos humanos.
El 16 de septiembre, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensorial N.° 287 sobre las condiciones del servicio educativo para adolescentes indígenas de Condorcanqui. El documento advierte que, a casi diez años de conocerse los casos de violencia sexual en la provincia, la problemática continúa afectando a cientos de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
La supervisión encontró deficiencias que van más allá de la respuesta frente a una denuncia. El informe identifica brechas en infraestructura, servicios básicos, materiales educativos en lenguas Awajún y Wampís, atención de salud y protección. En materia de violencia sexual, además, señala omisiones en prevención, atención, denuncia y registro, así como demoras que llegaron a ocasionar la prescripción de procedimientos disciplinarios.
Por ello, la Defensoría plantea medidas verificables que incluyen fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta, evaluar la idoneidad del personal, garantizar atención integral y asistencia legal para las víctimas y determinar responsabilidades cuando existan omisiones o incumplimientos.
La justicia enfrenta barreras en el territorio
El problema también alcanza al acceso a la justicia. Condorcanqui comprende comunidades ubicadas en un territorio extenso y con importantes dificultades de desplazamiento y conectividad. A estas condiciones se suman las diferencias lingüísticas y culturales que deben ser consideradas en la atención de niñas y adolescentes indígenas.
El Poder Judicial informó que el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) cuenta con diez órganos jurisdiccionales distribuidos entre Nieva, Río Santiago y El Cenepa. También señaló que se han incorporado vehículos terrestres y embarcaciones para facilitar el traslado de operadores y víctimas desde comunidades alejadas.
Entre octubre de 2025 y julio de 2026, este sistema registró 62 sentencias condenatorias por violencia contra la mujer en Condorcanqui, según información presentada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, durante una reunión con expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).
La propia institución reconoce que las barreras en la zona no son únicamente jurídicas. También existen obstáculos geográficos, lingüísticos, culturales e institucionales que pueden dificultar que una víctima denuncie, sea escuchada y reciba protección.
La misión del MESECVI también puso la mirada en Condorcanqui
Entre el 4 y el 11 de septiembre, una delegación del Comité de Expertas del MESECVI realizó una visita de asistencia técnica al Perú para conocer la situación de niñas y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual en Condorcanqui.
La misión tuvo como objetivo evaluar el acceso a la justicia y la aplicación de la debida diligencia reforzada en estos casos, además de identificar oportunidades para fortalecer la respuesta institucional. Durante su recorrido, las expertas estuvieron en Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago.
La visita ocurre después de que, en marzo de este año, el Comité de Expertas expresara su preocupación por las dificultades de acceso a la justicia de niñas víctimas de violencia sexual en Perú. En ese pronunciamiento, el organismo señaló que había recibido información sobre el cierre de fiscalías especializadas en Condorcanqui que atendían más de 800 casos de abuso sexual infantil, especialmente contra niñas Awajún.
El MESECVI es el mecanismo de la OEA encargado de dar seguimiento a la implementación de la Convención de Belém do Pará y formular recomendaciones para fortalecer las respuestas de los Estados frente a la violencia contra las mujeres.
¿Qué hará ahora el grupo parlamentario?
El nuevo grupo de trabajo todavía debe definir su plan de acción. De acuerdo con el Congreso, su tarea será realizar seguimiento a las medidas emprendidas por el Gobierno central, el Gobierno Regional de Amazonas y las instituciones encargadas de proteger a niñas, niños y adolescentes.
Esto incluye identificar qué acciones ya fueron implementadas, cuáles permanecen pendientes y qué obstáculos siguen enfrentando las víctimas para acceder a justicia y protección.
La diputada Pilar Sulca, elegida coordinadora, señaló que los casos deben mantenerse bajo seguimiento institucional y que el grupo buscará evitar que queden sin respuesta. Su despacho también informó que su experiencia como docente de Educación Intercultural Bilingüe formará parte del enfoque de trabajo planteado para este espacio.
El desafío, sin embargo, no se limita a producir nuevos informes o realizar sesiones de seguimiento. Los documentos oficiales publicados durante los últimos años muestran que las brechas en Condorcanqui son conocidas y que varias recomendaciones siguen pendientes de una implementación efectiva.
La Defensoría del Pueblo ha planteado que las medidas deben contar con responsables, cronogramas y mecanismos de supervisión que permitan verificar sus resultados.
Para las niñas, niños y adolescentes afectados, el seguimiento institucional solo tendrá sentido si se traduce en prevención, atención oportuna, acceso a justicia, reparación y garantías concretas para que la violencia sexual no vuelva a repetirse.
