Lima, Perú.- Javier Llamoza, exhortó al Gobierno a que establezca una regulación de precios de medicamentos, en el marco del estado de emergencia por la COVID-19. Sostuvo que se han elevado hasta en 20 veces los precios de algunos medicamentos para tratar síntomas del coronavirus, como el paracetamol, la azitromicina y la hidroxicloroquina.

“Los precios son injustificadamente altos. Algunos empresarios se están aprovechando del dolor y el miedo de los ciudadanos”

Al respecto, señaló que el alto precio de medicamentos puede venir del fabricante, del distribuidor o de las farmacias. “Entonces, hay que ver quién está lucrando con la salud”, expresó.

“Hoy en día estamos encontrando un medicamento genérico hasta en 25 soles. Entonces, bajo este escenario, el Estado puede regular el precio de los medicamentos, para que el ciudadano no esté pagando altos precios”, añadió.

Llamoza invocó al Ministerio de Salud (Minsa) a que abra una mesa de diálogo, donde participen el Estado, los Colegios Farmacéuticos y la industria, y establecer mecanismos de regulación de los precios de medicamentos para Covid-19.

“La regulación de precios, que muchos países lo tienen, debe aplicarse aquí. Tenemos que empezar por estos medicamentos que son para Covid-19. No podemos permitir que algunos fabricantes, distribuidoras y boticas puedan estar especulando”, agregó. Asimismo, enfatizó en que el Indecopi debería adoptar medidas concretas ante el alza de precios de medicamentos.

Javier Llamoza pidió regulación de precios de medicamentos como el paracetamol, la azitromicina y la hidroxicloroquina.

Delitos de emergencia

Frente a este situación, la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte, consideró urgente tipificar como delitos el acaparamiento y la especulación de precios durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, en aras de imponer sanciones ejemplares.

En ese sentido, la parlamentaria informó haber presentado un proyecto de ley que plantea restituir el artículo 233 del Código Penal en todos sus extremos, el cual fue derogado mediante Decreto Legislativo 1034 en junio del 2008.

“El 18 de marzo, apenas instalado el nuevo Congreso y cuando ya se había decretado la emergencia por el covid-19, presenté un proyecto para que el acaparamiento y la especulación de precios de los productos más importantes sean considerados delitos en una crisis sanitaria o desastre natural”, dijo a la Agencia Andina.