El Poder Judicial concluyó que un diagnóstico erróneo de VIH causó grave daño emocional y vulneró el derecho a la salud, a la información y a una vida libre de discriminación. El caso expone fallas estructurales en el manejo de pruebas y consejería en el sistema público de salud.
Ucayali.- El Poder Judicial ordenó que el Hospital II de EsSalud Ucayali indemnice con S/ 30 000 por daño moral a una mujer que, durante su embarazo, fue diagnosticada erróneamente con VIH en reiteradas oportunidades. El fallo reconoce que el error médico no solo afectó su salud emocional, sino que vulneró derechos fundamentales vinculados a la salud, la dignidad humana y la no discriminación.
De acuerdo con la resolución judicial (Exp. N.° 00256-2010-0), la mujer fue sometida a pruebas de descarte VIH-ELISA como parte del control prenatal obligatorio. Entre octubre de 2008 y febrero de 2009, al menos tres resultados fueron reportados como reactivos, y un examen confirmatorio Western Blot fue informado como positivo por el propio establecimiento de EsSalud, consolidando un diagnóstico definitivo de VIH.
Este diagnóstico tuvo consecuencias profundas: su embarazo fue catalogado como de alto riesgo, fue derivada a Lima y atravesó cuadros de ansiedad, depresión y estigmatización, incluyendo el rechazo de su entorno familiar y social. Posteriormente, múltiples pruebas realizadas en laboratorios privados y hospitales públicos —incluido el Hospital Nacional Guillermo Almenara— descartaron la infección por VIH.
El juzgado consideró acreditado el daño moral, señalando que la sospecha o diagnóstico de una enfermedad asociada históricamente a la muerte y al estigma genera un impacto emocional severo, más aún en una mujer gestante. Sin embargo, aunque la demandante solicitó una indemnización de S/ 400 000, el monto fue fijado en S/ 30 000, al no encontrarse suficientemente probados otros daños patrimoniales.
Más allá del resarcimiento económico, el caso evidencia una problemática de salud pública: el manejo inadecuado de pruebas de descarte sin confirmación oportuna, la ausencia de consejería adecuada y el peso del estigma que aún rodea al VIH en los servicios de salud.
Especialistas en derechos humanos y salud han advertido que un diagnóstico erróneo de VIH puede derivar en discriminación, violencia simbólica y vulneración del derecho a la información clara y veraz, especialmente cuando se trata de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres gestantes.
El fallo no cuestiona la política de tamizaje para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, pero sí subraya la responsabilidad del Estado de garantizar diagnósticos certeros, trato digno y acompañamiento emocional, elementos esenciales para una atención en salud basada en derechos.