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Gobierno de Dina Boluarte aprueba ley que prohíbe a personas trans usar baños según su identidad de género

La norma impulsada por sectores conservadores y aprobada por el Ejecutivo bajo el pretexto de proteger a la niñez, excluye a las personas trans del uso de baños públicos según su identidad de género, legalizando la discriminación y marcando un grave retroceso en derechos humanos en el país.

Lima – Perú.- Bajo el argumento de “proteger la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes”, el Gobierno de Dina Boluarte aprobó sin observaciones la controvertida Ley N.º 32331, que prohíbe a las personas trans el uso de servicios higiénicos públicos de acuerdo con su identidad de género.

Aunque la iniciativa fue impulsada por el congresista conservador Alejandro Muñante, de Renovación Popular, la responsabilidad política recae también en el Ejecutivo, que optó por no observar la ley y permitir su promulgación inmediata.

¿Qué establece la norma?

El artículo 5 de la ley señala que solo podrán acceder a los baños públicos las personas cuyo “sexo biológico” coincida con el que ha sido asignado al espacio sanitario. Solo se contemplan excepciones para casos de emergencia médica, acompañamiento a personas con discapacidad, mantenimiento o cumplimiento de disposiciones legales.

En la práctica, esto excluye a las personas trans y no binarias del acceso libre e igualitario a los servicios higiénicos, exponiéndolas a mayor estigmatización y violencia.

La ley también obliga a que edificios públicos cuenten con señalética específica, protocolos de uso y capacitación del personal, supervisados por las municipalidades.

Lee la norma aquí https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2398669-1

¿Qué es la “indemnidad sexual”?

El concepto de indemnidad sexual es uno de los pilares de esta norma. Según el texto legal, se entiende como el derecho que tienen los niños y adolescentes a estar protegidos de intromisiones, influencias o estímulos que puedan afectar su desarrollo psicosocial y su formación sexual, hasta alcanzar la madurez suficiente para ejercer su libertad sexual de manera autónoma.

Aunque la indemnidad sexual busca proteger a menores de abusos o de contenidos sexualmente inapropiados, la forma en que se aplica en esta ley ha generado serias controversias, especialmente por asociarla con la presencia de personas trans en espacios públicos como los servicios higiénicos, sin evidencia ni sustento que lo justifique.

Activistas alertan: es una norma transfóbica

Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas LGBTIQ+ han alertado sobre el impacto discriminatorio de esta ley. La periodista y activista Gianna Camacho que se trata de una norma transfóbica disfrazada de protección infantil: “Están utilizando ese estigma, ese prejuicio sobre nosotras (…) Esto no protege a la niñez, esto expone a las personas trans a más violencia”.

Camacho también subrayó que no existe una norma similar en otros países de la región, lo que convierte al Perú en un caso alarmante de retroceso legislativo en derechos LGBTIQ+.

Un retroceso en inclusión y derechos

En los últimos años, el país había mostrado pequeños avances hacia la inclusión de la diversidad de género en espacios públicos. Un ejemplo fue el caso del Aeropuerto Jorge Chávez, que en 2023 modificó su señalética de baños para incluir frases como “mujeres en su diversidad” y “hombres en su diversidad”. Esta nueva ley, sin embargo, revierte ese tipo de iniciativas al imponer criterios exclusivamente biologicistas.

Además, el acceso a baños por parte de personas trans ya había sido motivo de controversias en el Congreso, luego de que un grupo de personas trans utilizara los servicios higiénicos del Parlamento durante un evento con la legisladora Susel Paredes, lo que motivó denuncias por parte de congresistas conservadores.

¿Y qué pasa con los medios de comunicación?

La ley también establece restricciones al contenido mediático y publicitario, prohibiendo la sexualización de menores. Ordena que medios y agencias adopten medidas de autorregulación, capacitación y canales de denuncia. Si bien esto es positivo en principio, queda la duda de cómo se interpretará y aplicará esta medida y si no se usará para censurar contenido diverso o educativo con enfoque de género o diversidad sexual.

Cambios al Código Penal y control en medios

La ley también modifica el artículo 183 del Código Penal para agravar las sanciones por exhibiciones obscenas ante menores, incluyendo a funcionarios, educadores o cuidadores como responsables. Asimismo, establece medidas de control sobre los medios de comunicación y la publicidad, exigiendo que no sexualicen a menores y que adopten mecanismos de autorregulación, bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Persecución política: investigan a congresista Susel Paredes por evento con mujeres trans

La aprobación de esta ley se da en un contexto de creciente hostilidad institucional hacia la población trans. Como antecedente directo, este 12 de mayo, la Comisión de Ética del Congreso apruebó investigar a Susel Paredes por permitir que personas trans usen baños que difieren de su género biológico, Susel del Bloque Democrático Popular, organizó el evento “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia” en el Parlamento, el pasado 31 de marzo. De hallarse culpable, la legisladora podría ser sancionada por 120 días sin remuneración.

Durante la actividad, en la que participaron más de 30 personas trans, algunas de ellas usaron los servicios higiénicos del Congreso, lo que provocó la reacción de congresistas conservadores de Renovación Popular y otras bancadas aliadas, quienes presentaron una denuncia ética alegando «uso indebido de los espacios del Legislativo». La sanción fue considerada desproporcionada y parte de una escalada de medidas transfóbicas desde el Congreso.

Conclusión

Aunque se presenta como una norma para proteger a la niñez, la Ley N.º 32331 institucionaliza la exclusión de las personas trans de espacios públicos fundamentales como los baños, y confunde la protección infantil con la validación de estigmas transfóbicos.

Su promulgación por el Gobierno de Dina Boluarte, sin observaciones, revela una preocupante connivencia con la agenda conservadora del Congreso y marca un grave retroceso en materia de derechos humanos en el Perú.

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