Lima, Perú. – Un reciente fallo del Poder Judicial, ha marcado un precedente clave en la protección del derecho a la salud de miles de peruanos diagnosticados con cáncer. En respuesta a una demanda presentada por la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps), que agrupa a aseguradoras privadas como Pacífico, Rímac, Mapfre, Sanitas y La Positiva, la Primera Sala Constitucional de Lima ha reafirmado que las instituciones de salud privadas deberán cubrir todos los tratamientos contra el cáncer contemplados en sus planes de salud, incluso si estos no cuentan aún con aprobación del Ministerio de Salud (Minsa), siempre que estén respaldados por guías clínicas internacionales.
El origen de la controversia
La demanda, presentada en diciembre de 2023, buscaba declarar inconstitucional el artículo 7 y el numeral 7.2 del Reglamento de la Ley Nacional del Cáncer (Ley N.º 31336), normativa que garantiza cobertura integral en tratamientos oncológicos, sin limitarla a lo aprobado exclusivamente por el Minsa. Las aseguradoras argumentaron que esta obligación implicaba riesgos sanitarios por la falta de validación local, además de poner en peligro la sostenibilidad financiera de sus operaciones debido al alto costo de los tratamientos innovadores.
La sentencia del Poder Judicial
El Poder Judicial rechazó la acción popular presentada por Apeps, señalando que las guías internacionales como las de la FDA (EE.UU.) o la EMA (Europa) contienen tratamientos con respaldo científico sólido y que impedir su cobertura en Perú atentaría contra el derecho constitucional a la vida y la salud. “No hay fundamento técnico para excluir terapias usadas globalmente, especialmente cuando están dirigidas a enfermedades de alto riesgo como el cáncer”, señala el fallo.
Este pronunciamiento representa un gran avance para las personas diagnosticadas con tipos de cáncer que requieren medicamentos de última generación aún en proceso de evaluación local. Organizaciones como «Por un Perú sin Cáncer» celebraron la medida, subrayando que, de haberse aceptado la demanda, más de 4 millones de asegurados podrían haber quedado sin acceso a tratamientos avanzados.
¿Una nueva amenaza para el bolsillo?
Si bien el fallo ha sido ampliamente celebrado por pacientes, médicos oncólogos y activistas, no ha estado exento de preocupación en el sector asegurador. Algunas voces anticipan que, ante la obligatoriedad de cubrir terapias de alto costo aún no homologadas por el Minsa, las aseguradoras podrían optar por incrementar los precios de sus pólizas o reducir coberturas en otras áreas.
Expertos advierten que el reto ahora será encontrar un equilibrio entre el acceso universal a tratamientos de calidad y la sostenibilidad del sistema privado de salud. Desde el Ministerio de Salud (MINSA) y la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), se ha solicitado trabajar en mecanismos de regulación de precios y compras corporativas internacionales, para evitar el impacto desproporcionado de estos avances sobre los bolsillos de los usuarios.
Este fallo también reabre el debate sobre la necesidad de modernizar los mecanismos de aprobación de tratamientos en Perú. La demora del Minsa en homologar terapias ya aprobadas por otras agencias de alto nivel limita la capacidad de respuesta del sistema frente a enfermedades complejas.
