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Privilegios dorados: Congreso destina casi S/ 9.6 millones en seguros privados mientras hospitales colapsan

Mientras miles de peruanos sufren la precariedad del sistema de salud pública, el Congreso incrementó en casi un 400% su presupuesto en seguros médicos privados. Parlamentarios y sus familiares accederán a atención de primer nivel con dinero del Estado, mientras los hospitales carecen de medicamentos e infraestructura adecuada.

Lima – Perú.- Mientras miles de peruanos enfrentan diariamente la crisis del sistema de salud pública—hospitales colapsados, falta de medicamentos y largas esperas para una atención deficiente—el Congreso de la República aprobó un gasto millonario en seguros médicos privados para sus miembros y familiares. Con una cifra que bordea los S/ 9.6 millones y un incremento del 400% respecto a 2023, esta decisión evidencia la desconexión de la clase política con la realidad del país.

¿Quiénes aprobaron este privilegio?
Esta modificación en el presupuesto fue aprobada por la Mesa Directiva del Congreso , conformada por:

Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso – APP) , presidente.

Patricia Juárez (Fuerza Popular – FP) , primera vicepresidenta.

Waldemar Cerrón (Perú Libre – PL) , segundo vicepresidente.

Alejandro Cavero (Avanza País – AP) , tercer vicepresidente.

Ellos acordaron el 21 de febrero de 2025 la contratación del seguro médico privado para congresistas, parlamentarios andinos, expresidentes de la República y sus familiares. Gracias a esta decisión, podrán acceder a atención de primer nivel en clínicas privadas sin gastar un solo sol, ya que la póliza es completamente cubierta con dinero público.

El contrato fue adjudicado de manera directa a Rímac Seguros Y Reaseguros SA , sin concurso público ni evaluación de múltiples ofertas, favoreciendo a una sola empresa con el millonario presupuesto estatal.

¿Quién ejecutó este gasto?
La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Congreso, liderada por Rosa Elena Izaguirre Silva , fue la encargada de asignar los S/ 9,594,875.9 para financiar este seguro. Izaguirre, designado en enero de 2025, respaldó la aprobación de esta póliza desde la Dirección General de Administración (DGA) .

El presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

S/ 5,644,044.60 para 2025

S/ 3,950,831.19 para 2026

Mientras tanto, el sistema de salud colapsa
Este gasto millonario ocurre en un contexto en el que miles de peruanos sufren la crisis del sistema de salud pública. Hospitales colapsados, equipos inoperativos, falta de médico personal y la escasez constante de medicamentos son el día a día en establecimientos de salud a nivel nacional.

Las personas con enfermedades crónicas , como las personas que viven con VIH (PVVS) , son algunas de las más afectadas por estas deficiencias. Los desabastecimientos de antirretrovirales se han convertido en un problema recurrente , obligando a los pacientes a interrumpir sus tratamientos o cambiar de esquema sin seguimiento adecuado, lo que pone en riesgo su salud y aumenta la posibilidad de generar resistencia a los medicamentos .

Mientras el Congreso se asegura atención médica privada de primer nivel, las PVVS y otras personas con enfermedades crónicas deben peregrinar por hospitales desabastecidos, enfrentando demoras y cambios forzados en sus tratamientos . El Ministerio de Salud ha reconocido que la falta de infraestructura y presupuesto adecuado pone en riesgo la continuidad de atención a millas de pacientes . Sin embargo, las prioridades del Congreso parecen estar en otro lado.

Silencio e impunidad
Hasta el cierre de esta nota, ni Salhuana, Juárez, Cerrón o Cavero han dado explicaciones sobre este gasto. Tampoco lo ha hecho Rosa Elena Izaguirre Silva , responsable de la ejecución del presupuesto.

El privilegio por encima de la necesidad
El Congreso ha demostrado, una vez más, que sus intereses están por encima de la salud de los peruanos . Mientras miles de personas mueren atención esperando en el sistema público, nuestros representantes se blindan con recursos estatales, asegurando su comodidad y la de sus familias.

La pregunta es inevitable: ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué quienes deberían legislar para mejorar la salud pública prefieren privilegiarse con seguros privados? La indignación es generalizada, pero las respuestas brillan por su ausencia.

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